Por Redacción
Nueva York, 21 de marzo de 2026.- La justicia estadounidense y colombiana marcaron este fin de semana dos hitos distintos en casos de alto perfil: la condena a 22 años y 4 meses de prisión para Simeón Pérez Marroquín, alias ‘El Viejo’, por el homicidio del senador Miguel Uribe Turbay, y la confirmación de una investigación preliminar en Estados Unidos contra el presidente Gustavo Petro por supuestos vínculos con el narcotráfico.
La sentencia contra Pérez Marroquín, quien actuó como intermediario en el crimen del legislador, fue dictada tras un proceso que involucró a otros implicados como Elder José Arteaga Hernández, alias ‘Chipi’, y Katherine Andrea Martínez Martínez. La Fiscalía colombiana ha destacado este resultado como un cierre significativo para el caso que conmocionó al país, aunque los detalles operativos de la ejecución del delito siguen bajo reserva en las actas judiciales.
De manera paralela, reportes de The New York Times indican que fiscales en Nueva York mantienen una investigación en fase temprana dirigida a explorar posibles contactos del mandatario Gustavo Petro con estructuras de narcotráfico y financiamientos irregulares durante su campaña presidencial. Las fuentes consultadas por el medio estadounidense precisaron que, hasta el momento, no existen cargos formales en contra del jefe de Estado y que la indagatoria no tiene al presidente como su objetivo central.
Las contradicciones en la información pública han generado cautela sobre el alcance real de estas diligencias. Mientras algunos reportes previos sugerían la ausencia de pruebas concluyentes, la persistencia de la mención a la investigación por parte de autoridades estadounidenses mantiene el tema en la agenda política. No se ha divulgado la fecha exacta de inicio de estas actuaciones ni los nombres específicos de los fiscales a cargo en el Distrito Sur de Nueva York.
La relación directa entre la condena por el asesinato del senador Uribe Turbay y la investigación al presidente Petro no ha sido establecida oficialmente por ninguna de las entidades gubernamentales involucradas. Ambos casos transcurrían en esferas separadas hasta que la revelación mediática de la indagatoria en Estados Unidos los puso en el mismo contexto noticioso este 20 de marzo.
Ante la falta de evidencia concreta presentada públicamente sobre los vínculos investigados, el gobierno colombiano no ha emitido una reacción formal detallada sobre la indagatoria en EE.UU., centrándose en celebrar la condena obtenida en el caso del homicidio senatorial. La situación queda pendiente de avances procesales que puedan esclarecer si la investigación preliminar escala a una acusación formal o se archiva por insuficiencia probatoria.
