Por Redacción
Nueva York, 20 de marzo de 2026.- Los abogados de Nicolás Maduro y Cilia Flores presentaron una declaración ante el tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York solicitando autorización para que sus clientes reciban financiamiento legal, al argumentar que carecen de recursos propios para costear su defensa debido a las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos.
En el documento legal presentado este viernes, los defensores Barry Pollack y Mark E. Donelly sostienen que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) no ha autorizado que el Gobierno de Venezuela pague a sus abogados, lo cual consideran una interferencia con el derecho de los acusados a elegir su representación legal. La defensa busca que se permita el uso de fondos gubernamentales venezolanos para cubrir los honorarios, dado que sus clientes aseguran no tener capacidad financiera individual.
Maduro y Flores, quienes enfrentan acusaciones por narcotráfico en este tribunal, manifestaron en una declaración jurada su disposición a presentar pruebas financieras si el juez federal Alvin Hellerstein lo requiere para verificar su insolvencia. La solicitud surge en un contexto donde Estados Unidos no reconoce a Maduro como presidente legítimo de Venezuela y mantiene sanciones económicas contra el país desde 2015.
El equipo legal planea también buscar la desestimación del caso por irregularidades legales en la próxima audiencia, programada para el 26 de marzo de 2026. Hasta el momento, el documento presentado no especifica el monto total requerido para la defensa ni detalla qué tipo de pruebas financieras podrían ser sometidas al tribunal para acreditar la falta de recursos.
La postura oficial del Gobierno de Venezuela sobre la intención de financiar esta defensa legal no ha sido mencionada en los filings presentados ante la corte neoyorquina. Asimismo, no está claro si la Fiscalía de los Estados Unidos reconoce el derecho de los acusados a solicitar dicho financiamiento o si únicamente se trata de un alegato de la parte defensora.
Este movimiento legal marca un nuevo capítulo en el proceso contra las altas autoridades venezolanas en suelo estadounidense, donde la intersección entre las sanciones internacionales y el derecho a una defensa adecuada centra el debate jurídico de las próximas semanas.
