Por Redacción
Washington, 20 de marzo de 2026.- Una coalición conformada por 24 estados, junto con una docena de ciudades y condados de Estados Unidos, presentó una demanda legal contra la administración de Donald Trump tras la revocación de las limitaciones a los gases de efecto invernadero. La acción judicial fue interpuesta ante el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Distrito de Columbia y cuestiona la legalidad de las medidas recientes adoptadas por la Agencia de Protección Ambiental (EPA).
Los demandantes sostienen que la EPA actuó de manera ilegal al dejar sin efecto una conclusión científica establecida en 2009, la cual determinaba que los gases de efecto invernadero representan una amenaza directa para la salud pública. Según lo expuesto en la demanda, la decisión de la administración Trump, concretada en febrero de 2026, contraviene el consenso científico existente sobre el impacto ambiental y sanitario de estas emisiones.
El litigio busca impugnar la validez jurídica del proceso mediante el cual se eliminaron las regulaciones previas, argumentando que la agencia federal no tuvo sustento técnico ni legal para modificar un dictamen que ha regido la política climática del país durante más de una década. La postura de la coalición enfatiza que la protección de la salud ciudadana debe prevalecer sobre cambios administrativos que carecen de respaldo empírico.
Se prevé que esta nueva demanda se sume a una acción legal anterior iniciada por grupos ecologistas, quienes también han manifestado su oposición a la flexibilización de las normas ambientales. Aunque la investigación disponible no detalla los nombres específicos de las organizaciones civiles ni la lista completa de las entidades subnacionales involucradas, se confirma la participación amplia de gobiernos locales y estatales en la estrategia jurídica.
Con este movimiento, se abre un nuevo frente de batalla legal entre los defensores de las regulaciones climáticas y la actual gestión federal, cuyo desenlace dependerá de la interpretación que haga el tribunal apelativo sobre las facultades de la EPA y la vigencia de los hallazgos científicos previos. El caso pone bajo escrutinio la capacidad del ejecutivo para modificar unilateralmente protecciones ambientales basadas en evidencia técnica consolidada.
