Por Redacción
Ciudad De México, 20 de marzo de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo la revisión de un caso de presunto huachicol fiscal que involucra a Édgar Marín Meza Moreno e Irving Espinosa Betanzo, tras la anulación del proceso penal en un tribunal federal de Veracruz por falta de procedibilidad. La decisión busca determinar si corresponde al Servicio de Administración Tributaria (SAT) o a la Administración General de Aduanas (ANAM) representar el interés fiscal en este tipo de delitos.
De acuerdo con información publicada por el periódico La Jornada, este es considerado el caso de huachicol fiscal más relevante hecho público en el país. La atracción del caso por parte del máximo tribunal ocurre un día después de que se hiciera pública la controversia sobre la validez del proceso original.
El tribunal federal de Veracruz anuló el proceso penal al considerar que no se cumplió con el requisito de procedibilidad, específicamente por la falta de intervención previa de la Dirección General Jurídica de Aduanas de la ANAM. Además, se detectó una citación incorrecta durante la audiencia inicial, lo que vició el procedimiento según la autoridad judicial local.
En el centro de la controversia se encuentra la presunta sustracción de 21.5 millones de litros de diésel. La empresa Administración de Impulsora de Productos Sustentables está vinculada a los hechos, aunque la investigación no especifica su ubicación exacta ni el monto económico total del presunto contrabando.
La revisión de la SCJN es crucial para establecer un precedente sobre qué autoridad administrativa debe encabezar la representación del interés fiscal en casos de contrabando de combustibles, una duda jurídica que ha generado anulación de procesos en instancias inferiores. El alto tribunal analizará si la omisión de la ANAM en la etapa inicial invalida la acción penal promovida por el SAT.
Este caso pone de manifiesto las complejidades procedimentales en la persecución de delitos contra la economía nacional y la necesidad de claridad en las competencias entre las autoridades aduaneras y fiscales. La resolución de la Suprema Corte definirá la ruta crítica para futuros procesos similares relacionados con el robo de hidrocarburos y la evasión de contribuciones.
