Por Redacción
Ciudad De México, 19 de marzo de 2026.- Especialistas y profesores de investigación del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) preparan denuncias formales contra ex y actuales funcionarios de la institución por presuntos daños graves al patrimonio arqueológico durante la construcción del Tren Maya. Las acusaciones, centradas en la gestión de proyectos como el parque Balam Tun, señalan la destrucción o manipulación indebida de decenas de miles de estructuras mayas bajo el argumento de obras de desarrollo turístico.
Entre los denunciados figuran Diego Prieto, exdirector del INAH; Margarito Molina, actual director del Centro INAH en Quintana Roo; y Manuel Pérez Rivas, encargado del salvamento arqueológico del proyecto ferroviario. También se menciona a miembros del Consejo de Arqueología, quienes habrían autorizado o permitido acciones que los denunciantes califican como un “crimen de lesa arqueología”. La conflictividad surge desde dentro de la propia institución encargada de proteger los bienes culturales de la nación.
Las cifras manejadas por los especialistas son alarmantes. Según el arqueólogo Fernando Cortés de Brasdefer, más de 62,000 estructuras mayas no han sido recuperadas adecuadamente hasta 2026. En el caso específico del proyecto en Chetumal, se reporta la supuesta restauración de 47 monumentos, mientras que en el parque Balam Tun se documenta la reubicación de 36 piezas arqueológicas. Los denunciantes cuestionan la metodología empleada, alegando que se ha procedido a la deconstrucción y recombinación de piezas, lo que altera su valor histórico original.
El conflicto se centra en los llamados “Parques de la Memoria”, iniciativas vinculadas al Tren Maya en regiones como Campeche y Xpujil. Los expertos internos del INAH sostienen que se utilizaron maquinaria pesada y métodos invasivos que comprometieron la integridad de los sitios. Aunque las fuentes no han detallado aún la autoridad exacta ante la cual se presentará la querella, se anticipa que será dirigida al Ministerio Público o a la Fiscalía especializada en delitos contra el patrimonio cultural.
Existen contradicciones en los reportes iniciales sobre la naturaleza exacta del daño: mientras algunas versiones hablan de destrucción total mediante dinamita y retroexcavadoras, otras describen procesos de desmantelamiento y reubicación. No obstante, el consenso entre los denunciantes es que estas acciones violan la legislación de protección patrimonial y carecen de rigor científico. Hasta el momento, no se ha registrado una respuesta oficial por parte de los funcionarios señalados ni de la dirección general del INAH.
Este episodio marca un precedente de tensión interna en la comunidad científica mexicana respecto a las grandes obras de infraestructura del gobierno federal. La presentación formal de las denuncias podría desencadenar investigaciones administrativas y penales que obliguen a revisar los protocolos de salvamento arqueológico en los tramos restantes del Tren Maya, poniendo en el debate público el equilibrio entre el desarrollo económico y la preservación histórica.
