Por Redacción
Ciudad De México, 19 de marzo de 2026.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una sentencia contra el Estado mexicano que determina su responsabilidad internacional por las violaciones a los derechos humanos sufridas por Ernestina Ascencio en 2007, un caso que involucra denuncias de agresión sexual por parte de elementos del Ejército en el estado de Veracruz. La Secretaría de Gobernación (Segob) reconoció la emisión del fallo a través de un comunicado oficial, marcando un hito en la justicia interamericana para las víctimas de violencia de género e indígena.
El tribunal internacional estableció que el Estado mexicano es responsable por la vulneración del derecho a la vida y a la salud de Ascencio, así como por la falta de garantías y protección judicial. La sentencia destaca la afectación a la integridad de los familiares de la víctima y subraya la ausencia de una perspectiva de género e interseccionalidad en el manejo original del caso, factores que agravaron la impunidad durante casi dos décadas.
Las violaciones ocurridas en la región veracruzana han sido objeto de litigio por años, donde se documentó que la mujer indígena falleció tras sufrir presuntas agresiones sexuales por militares. La Corte IDH, al analizar el contexto, determinó que las autoridades nacionales no actuaron con la debida diligencia para investigar y sancionar a los responsables, ni para ofrecer reparación adecuada a los deudos en el momento oportuno.
Este fallo obliga al Estado mexicano a implementar medidas de reparación integral y de no repetición, aunque los detalles específicos de dichas obligaciones, así como la fecha exacta de la firma formal de la sentencia, fueron puntos que la administración federal deberá precisar en los próximos días para dar cumplimiento a lo ordenado por el organismo supranacional. La Segob ha iniciado los protocolos para acatar las disposiciones del tribunal.
La decisión de la Corte Interamericana envía un mensaje contundente sobre la obligación del Estado de proteger a las mujeres indígenas y de erradicar la violencia sexual en contextos de seguridad. El caso de Ernestina Ascencio se suma a la jurisprudencia regional que exige a los gobiernos latinoamericanos abordar las violaciones sistemáticas con enfoques diferenciados que consideren la etnia y el género como ejes centrales de la justicia.
En el ámbito político y social, esta sentencia reabre el debate sobre la presencia militar en tareas de seguridad pública y la necesidad de reformas estructurales en el sistema de justicia mexicano. Se espera que los familiares afectados, cuyos nombres específicos serán detallados en la ejecución de la sentencia, reciban finalmente una justicia que les fue negada durante casi 20 años, cerrando uno de los capítulos más dolorosos de la historia reciente de derechos humanos en Veracruz.
