Por Redacción
Estados Unidos, 19 de marzo de 2026.- El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este miércoles la expansión de un controvertido programa que exige a ciudadanos de 50 países presentar una fianza garantizada de 15 mil dólares para obtener ciertas visas de no inmigrante. La medida, que entra en vigor el próximo 2 de abril, añade 12 nuevas naciones a la lista, incluyendo Nicaragua, Etiopía y Mongolia, en el marco de las políticas migratorias más restrictivas de la Administración del presidente Donald Trump.
El programa, que según el gobierno estadounidense ya cubría a 38 países, tiene como objetivo principal reducir los costos asociados a la deportación de personas que se quedan en el país más allá del plazo autorizado por su visa. Las autoridades estiman que el costo promedio de una deportación es de 18 mil dólares, mientras que la fianza requerida es de 15 mil. El Departamento de Estado destacó que el programa existente ha tenido un 97% de cumplimiento, y proyecta un ahorro para el erario de aproximadamente 800 millones de dólares anuales con la expansión.
Los 12 países recién incorporados al requisito son Nicaragua, Camboya, Etiopía, Georgia, Granada, Lesoto, Mauricio, Mongolia, Mozambique, Papúa Nueva Guinea, Seychelles y Túnez. La lista total de 50 naciones afectadas no fue revelada en su totalidad, aunque se sabe que incluye a varios países de África, Asia y América Latina. El gobierno no detalló los criterios específicos utilizados para incluir a un país en el programa.
La fianza, que debe ser pagada a través de una compañía de fianzas autorizada, será reembolsada al solicitante una vez que salga de Estados Unidos dentro del período autorizado por su visa. Si la persona se queda ilegalmente, el gobierno cobra la fianza para cubrir los gastos iniciales de su eventual deportación. La medida ha sido criticada por grupos de derechos humanos y defensores de migrantes, quienes argumentan que constituye una barrera económica discriminatoria para ciudadanos de naciones con menores ingresos.
Esta ampliación se enmarca en una serie de acciones ejecutivas y cambios regulatorios impulsados por la Administración Trump para endurecer el sistema de visas y la política migratoria en general. Analistas señalan que la medida podría tensionar las relaciones diplomáticas con algunos de los países añadidos a la lista, al tiempo que refleja una priorización de la seguridad fronteriza y el control migratorio sobre otros intereses de política exterior.
