Por Redacción
La Judicatura), 18 de marzo de 2026.- Una jueza federal ordenó reabrir por tres meses la investigación complementaria en la causa penal contra el exvicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, imputado por presuntamente liderar una organización criminal dedicada al contrabando de combustible, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) incumpliera plazos y se negara reiteradamente a entregar la totalidad de la carpeta de investigación a la defensa, vulnerando el derecho a la defensa. La resolución de la jueza Mariana Vieyra Valdés, titular del Centro de Justicia Penal Federal, da un nuevo plazo a la fiscalía para completar las indagatorias en el caso 325/2025, vinculado al decomiso de 10 millones de litros de diésel en Tamaulipas en marzo de 2025.
La decisión judicial responde a un amparo promovido por el despacho defensor Epigmenio Mendieta, que alegó que la FGR no cumplió con un plazo de cinco días para facilitar el acceso al expediente completo y posteriormente se negó a entregarlo, lo que impedía al imputado, actualmente recluido en el penal del Altiplano, preparar su defensa. La jueza consideró que esta omisión constituía una violación procesal y, por ello, decretó la reapertura de la investigación complementaria por el término de tres meses.
Manuel Farías Laguna, junto con su hermano, el contraalmirante Fernando Farías Laguna —quien se encuentra prófugo—, está acusado de operar una red de “huachicol fiscal” desde la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), presuntamente vinculada a la organización criminal “Los Primos”. El caso saltó a la luz pública tras el masivo decomiso de combustible en Tamaulipas el año pasado.
Previo a la resolución judicial, el imputado envió una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum denunciando violaciones a sus derechos dentro del proceso penal, aunque los detalles específicos de estas alegaciones no han sido divulgados públicamente. La defensa ha logrado, a través de este fallo, una tutela que garantiza su acceso a la evidencia en poder del ministerio público.
El caso pone bajo escrutinio la actuación de la FGR en procesos de alto perfil que involucran a exfuncionarios de mandos medios y altos, particularmente en delitos de corrupción y crimen organizado. La reapertura de la investigación representa un revés para la fiscalía, que ahora tiene un plazo limitado para consolidar su caso ante un juzgado federal, mientras la defensa busca demostrar irregularidades en el procedimiento.
