Por Redacción
México, 18 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum presentó formalmente al Senado su Plan B de reforma electoral, una iniciativa constitucional que busca reducir privilegios en gobiernos locales, imponer topes salariales y modificar la consulta de revocación de mandato, luego de que su propuesta original fuera rechazada en la Cámara de Diputados. La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, defendió la medida como parte de la “austeridad republicana” y señaló que generará un ahorro estimado de 4 mil millones de pesos para estados y municipios.
El proyecto establece un máximo de 7 a 15 regidores por cabildo municipal según el tamaño de la población, eliminando el principio de paridad de género en estas posiciones. Además, impone un tope presupuestal del 0.7% del gasto estatal para los congresos locales y reduce en 15% el presupuesto del Senado, mientras que los salarios de consejeros y magistrados electorales no podrán superar el de la presidenta.
En materia de participación ciudadana, la iniciativa adelanta la consulta de revocación de mandato al tercer año de gobierno y permite que la titular del Ejecutivo realice campaña con recursos no especificados. También incluye modificaciones operativas como el inicio del cómputo electoral con la llegada del primer paquete y fortalecimiento de la fiscalización en tiempo real mediante la Unidad de Inteligencia Financiera, que actualmente investiga 741 carpetas FISEL por posibles desvíos de recursos.
Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, respaldó la propuesta y anunció que se trabajará en una reforma judicial complementaria. Manuel Velasco, líder del PVEM, declaró apoyo unánime de su partido, aunque el senador Luis Armando Melgar no ratificó su voto y solicitó revisión previa. En contraste, Kenia López Rabadán del PAN criticó la autorización para que la presidenta haga campaña en la revocación.
La iniciativa debe ser aprobada antes de septiembre de 2026 por restricción constitucional, en un escenario donde la oposición y algunos aliados ya demostraron resistencias a reducir privilegios en el fallido Plan A. El debate se centrará en el balance entre austeridad y los mecanismos de participación ciudadana que propone el ejecutivo.
