Por Redacción
La República, 17 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado de la República el llamado Plan B de la reforma electoral, una iniciativa que modifica los puntos de la propuesta original que fueron rechazados por sus aliados políticos, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). El nuevo paquete legislativo, negociado en la Secretaría de Gobernación que encabeza Rosa Icela Rodríguez, se centra en dos ejes: establecer un tope al presupuesto de los congresos locales y reducir el número de regidurías en los ayuntamientos, con el argumento de aplicar la austeridad republicana.
La iniciativa llega a la Cámara alta después de que el pasado 11 de marzo el bloque legislativo de Morena, PT y PVEM rechazara la reforma electoral integral propuesta inicialmente por Sheinbaum. Ante la falta de consenso, el gobierno federal optó por desglosar la propuesta y presentar únicamente los puntos acordados con sus socios de coalición. Según datos de la investigación, el Plan B busca limitar el gasto de los congresos estatales al 0.7% del presupuesto total de cada entidad, lo que, según proyecciones oficiales, generaría un ahorro de aproximadamente 4,000 millones de pesos respecto al presupuesto actual de más de 18,400 millones.
Desde Palacio Nacional, la presidenta Sheinbaum defendió la esencia de la propuesta, señalando que mantiene el objetivo de reducir privilegios en las estructuras políticas del país. Por su parte, el coordinador del PVEM en el Senado, Manuel Velasco, respaldó públicamente el envío de esta nueva iniciativa, lo que sugiere que los puntos de fricción con los aliados han sido superados, al menos parcialmente. Sin embargo, el texto completo de la iniciativa y el detalle de las modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) aún no han sido dados a conocer públicamente.
El contexto político indica que el gobierno busca avanzar con celeridad en esta agenda de ajustes al sistema político-electoral, aunque de manera más acotada. La estrategia del Plan B evita una confrontación mayor con los aliados y se enfoca en cambios presupuestales y de estructura municipal, que son percibidos como menos controversiales que una reforma constitucional integral. El siguiente paso será el análisis y eventual votación de la iniciativa en las comisiones del Senado, donde Morena y sus aliados cuentan con mayoría.
El envío de esta iniciativa marca un repliegue táctico del Ejecutivo federal, que prefiere asegurar cambios graduales antes que arriesgarse a otro rechazo legislativo. La medida también refleja la dinámica de negociación al interior de la coalición gobernante, donde PT y PVEM han demostrado su capacidad para condicionar la agenda presidencial. Se espera que en los próximos días se conozcan más detalles sobre el contenido específico de las reformas legales propuestas.
