Por Redacción
Ciudad de Mexico, 16 de marzo de 2026.- Al menos 13 personas fueron asesinadas en una serie de ataques simultáneos registrados este sábado en seis municipios del estado de Guanajuato, uno de los más violentos del país. Los hechos, ocurridos en Pénjamo, Villagrán, León, Irapuato, Salamanca y Valle de Santiago, incluyen el asesinato de un niño de tres años y de una pareja atacada desde motocicletas, según información del diario El Universal. Las autoridades no han proporcionado detalles sobre los motivos o los presuntos responsables de esta ola de violencia.
La jornada violenta inició en Pénjamo, donde perdieron la vida dos adultos y el menor de tres años. En Villagrán, tres jóvenes identificados como Emilio, Jonathan y Antonio fueron asesinados. Mientras tanto, en la ciudad de León, una pareja identificada como César, de 30 años, y Gabriela, de 29, fue atacada por sujetos que viajaban en motocicletas.
En Irapuato se reportaron dos hechos distintos: en el primero, dos hombres fueron ejecutados, y en otro, un hombre identificado como Guillermo perdió la vida. Además, en este municipio se registró una persona herida, cuya condición no ha sido especificada. En Salamanca y en Valle de Santiago, un hombre en cada localidad, uno de ellos identificado como Marcos, también fueron víctimas mortales.
Hasta el momento, no existe información oficial que vincule los múltiples eventos, ni la Fiscalía General del Estado ha emitido un comunicado detallado sobre las investigaciones. La falta de declaraciones de las autoridades policiales o ministeriales deja en la incertidumbre a la población sobre el contexto y la posible relación entre los crímenes.
Guanajuato se mantiene como una de las entidades con mayor incidencia delictiva en México, con una histórica disputa entre cárteles por el control de plazas y rutas para el tráfico de drogas. Esta nueva ola de violencia subraya la persistente crisis de seguridad en la región, donde episodios de violencia extrema y múltiples homicidios en un mismo día se han vuelto recurrentes.
La escalada ocurre en un contexto donde las estrategias de seguridad a nivel estatal y federal han sido cuestionadas por su falta de resultados contundentes. La sociedad civil y organismos defensores de derechos humanos han exigido repetidamente acciones concretas para frenar la impunidad y proteger a la población, especialmente tras hechos que involucran a víctimas menores de edad.
