Por Redacción
Ciudad de Mexico, 15 de marzo de 2026.- Los acreedores Cargill y Banco Afirme notificaron formalmente a la jueza concursal Ruth Huerta su oposición a la subasta de activos de Altos Hornos de México (AHMSA), paralizando el proceso de venta al alegar que conservan el derecho de ejecutar de manera independiente las garantías prendarias que respaldan sus créditos. Las deudas con ambas instituciones suman 2,376 millones de Unidades de Inversión (UDI), equivalentes a unos 20,694 millones de pesos, lo que representa aproximadamente el 46% de la deuda total reconocida de la siderúrgica, que asciende a 5,186 millones de UDI (45,170 millones de pesos).
Según la posición legal presentada por Cargill y Afirme, estos créditos están respaldados por garantías específicas sobre ciertos bienes de AHMSA y su filial Minera del Norte (Minosa). Los acreedores argumentan que, al tener garantías prendarias, su derecho a cobrar tiene prioridad y puede ejercerse de forma autónoma, fuera del proceso de liquidación general de la masa concursal que dirige la jueza Huerta. Esta postura choca frontalmente con el objetivo del concurso mercantil, que busca una solución integral para pagar a todos los acreedores de manera ordenada.
La deuda específica detallada en la notificación indica que Cargill reclama un adeudo de 1,422 millones de UDI, aproximadamente 12,385 millones de pesos, mientras que Banco Afirme exige el pago de 954 millones de UDI, cerca de 8,309 millones de pesos. El bloqueo deja en suspenso cualquier oferta de compra por la empresa, cuya situación financiera crítica la mantiene bajo concurso mercantil desde hace años.
El caso adquiere un matiz particular por la figura de Julio César Villarreal Guajardo, presidente de Banco Afirme. Villarreal Guajardo es también dueño del Consorcio Villacero, un grupo siderúrgico que en 2020 intentó sin éxito adquirir AHMSA. Esta conexión genera interrogantes sobre si la oposición de Afirme es únicamente una estrategia para cobrar su deuda o si forma parte de un movimiento estratégico más amplio en la pugna por el control de los activos de la empresa.
La jueza concursal Ruth Huerta se enfrenta ahora a un complejo entramado legal. Debe determinar si procede la subasta general de activos para beneficiar al conjunto de los acreedores o si debe dar paso a la ejecución particular de las garantías que reclaman Cargill y Afirme. La decisión que tome sentará un precedente crucial para otros procesos concursales en México donde existan créditos con garantías específicas.
El bloqueo de la subasta representa un nuevo revés en el largo y tortuoso proceso de rescate o liquidación de AHMSA, una de las siderúrgicas más emblemáticas del país. La paralización del proceso mantiene en la incertidumbre a miles de trabajadores, proveedores y al resto de acreedores que esperaban una solución definitiva a través de la venta de la compañía.
