Por Redacción
Ciudad de Mexico, 15 de marzo de 2026.- Una serie de ataques violentos en Guanajuato y Oaxaca durante la semana pasada cobró la vida de civiles, incluyendo al esposo de una alcaldesa y una joven emprendedora, mientras en Nayarit un activista ambiental fue herido de gravedad. Los hechos ocurrieron entre el 11 y el 14 de marzo en los municipios de Jerécuaro, Guanajuato, y Juchitán, Oaxaca, sin que las autoridades hayan esclarecido los móviles ni detenido a los responsables.
En Jerécuaro, Guanajuato, Eduardo Olvera García, esposo de la alcaldesa de ese municipio, fue asesinado a tiros la noche del 13 de marzo en un bar. El ataque se registró alrededor de las 20:30 horas, según reportes de medios locales que citaron fuentes oficiales. Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato no ha ofrecido detalles sobre la investigación ni posibles líneas de indagatoria.
Paralelamente, en Juchitán, Oaxaca, Araceli Nieto, una joven emprendedora de 19 años, fue asesinada a balazos. El hecho se suma a la estadística de feminicidios en la entidad, que según datos preliminares alcanza los 11 casos en lo que va de 2026. La violencia contra las mujeres en la región del Istmo de Tehuantepec ha sido una constante denunciada por colectivos feministas.
En un incidente relacionado con la defensa del medio ambiente, el activista Erik Saracho Aguilar fue atacado a tiros la mañana del 11 de marzo en Bahía de Banderas, Nayarit. Saracho, quien se encontraba en una reunión con desarrolladores inmobiliarios, recibió disparos alrededor de las 06:30 horas. La Fiscalía de Nayarit ofreció una recompensa de 100,000 pesos por información que lleve a la captura del atacante.
Estos episodios se enmarcan en un contexto de violencia persistente en varias regiones del país. Mientras tanto, en Chiapas, feligreses católicos realizaron un viacrucis para exigir justicia por el asesinato del sacerdote Juan Manuel Zavala Madrigal, otro caso que permanece sin resolverse. La concatenación de ataques contra civiles, activistas y familiares de funcionarios evidencia los desafíos de seguridad que enfrentan múltiples estados, más allá de los tradicionalmente asociados con el crimen organizado.
