Redacción
Más allá del impacto directo en las víctimas, la potencial impunidad en el caso de Alonso Cacho Silva podría tener un efecto devastador en la confianza pública hacia las entidades encargadas de luchar contra la corrupción.
Cuando un funcionario acusado de supuestas malas conductas graves permanece en su puesto sin avances en las investigaciones, el mensaje que se envía a la comunidad es abrumador: la corrupción es impune y la ley no se aplica equitativamente.
La permanencia de redes de nepotismo, tráfico de influencias y corrupción mina la confianza pública, atemoriza a los funcionarios honestos y debilita el Estado de Derecho. No es solo un caso aislado, sino un patrón que, si no se rompe, se perpetúa y se fortalece.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno tiene la oportunidad de mostrar que las instituciones son efectivas. Pero también corre el riesgo de confirmar los peores temores del público: que la impunidad prevalece cuando hay protección política.
Voz Ciudadana estará vigilante respecto a las decisiones y exigirá transparencia en cada etapa del proceso. Porque la justicia no puede depender de la identidad del acusado.
Voz Ciudadana
