Por Redacción
Ciudad de México, 10 de febrero de 2026.- La reforma constitucional que buscaba reducir la jornada laboral máxima de 48 a 40 horas semanales sin pérdida salarial enfrenta un giro inesperado: empresarios y algunos legisladores de oposición proponen que, en lugar de bajar las horas totales, se implemente un día libre adicional a la semana compensado con jornadas diarias más largas (hasta 10 horas en algunos casos) y la eliminación o reducción de pausas para comida y descanso.
La propuesta, impulsada por la Coparmex y la Concamin durante las mesas de diálogo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), busca evitar el incremento de costos laborales que representaría la reducción directa de horas, especialmente para micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes). Según el presidente de Coparmex, José Medina Mora, “la jornada de 40 horas es inviable en muchos sectores sin despidos o pérdida de competitividad. Mejor un día libre pagado y jornadas extendidas con flexibilidad”.
El esquema planteado incluye:
- Jornada diaria máxima de 9 a 10 horas (en lugar de las actuales 8 horas).
- Eliminación o reducción de la pausa obligatoria de 30 minutos para comida.
- Un día libre adicional (generalmente lunes o viernes) para llegar a 40 horas semanales efectivas.
- Pago doble por horas extras solo si se exceden las 10 horas diarias o las 48 semanales actuales.
La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó de inmediato la idea en su conferencia matutina del 9 de febrero: “La reforma constitucional es clara: menos horas de trabajo sin disminución salarial. No vamos a permitir que se convierta en más horas diarias ni en la eliminación de pausas. Eso no es reducción, es precarización disfrazada”. La mandataria insistió en que la implementación progresiva (de 46 horas en 2027 hasta 40 en 2030) se mantendrá sin modificaciones que afecten derechos laborales.
Diputados de PAN y PRI apoyaron la propuesta empresarial, argumentando que la reducción directa generaría despidos masivos y fuga de inversión en sectores como manufactura, comercio y servicios. El diputado Rubén Moreira (PRI) afirmó: “Mejor un día libre que forzar a las empresas a pagar más por menos productividad”. En contraste, legisladores de Morena y PT advirtieron que el esquema propuesto violaría el espíritu de la reforma y el artículo 123 constitucional.
La STPS, a cargo de Marath Bolaños, prepara un dictamen técnico que rechaza la compensación con jornadas extendidas, priorizando la reducción efectiva de horas y el pago íntegro de salarios. Sindicatos como la CTM y la CROC también se oponen, calificando la idea como un “retroceso” que afectaría la salud y el descanso de los trabajadores.
El debate se intensificará en la Cámara de Diputados esta semana, donde el dictamen de la reforma podría votarse entre el 10 y 14 de febrero. Si se mantiene la versión original, México avanzaría hacia estándares internacionales de la OIT; si se aceptan modificaciones empresariales, la reducción de jornada podría diluirse en un esquema de flexibilidad que, para muchos, equivale a trabajar más por el mismo salario. El resultado definirá si la promesa de una vida laboral más equilibrada se cumple o se transforma en una compensación disfrazada.
