Por Redacción
Ciudad de México, México – 5 de diciembre de 2025. La nueva Ley General de Aguas, impulsada por el gobierno federal y aprobada esta semana en el Congreso, ha encendido lo que dirigentes rurales llaman ya “la batalla del agua”, al advertir que el contraste entre distintos artículos del dictamen no deja claro cómo se regularán las transferencias de concesiones y volúmenes del líquido entre usuarios
El corazón del conflicto está en las nuevas reglas para las concesiones. La iniciativa prohíbe que los derechos de uso de agua se sigan transmitiendo libremente entre particulares y establece que, al concluir su vigencia, regresen al Estado para su reasignación por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), con el argumento de frenar el mercado informal del recurso, combatir el acaparamiento y reforzar el carácter de derecho humano del agua
Organizaciones como la Confederación Nacional Campesina (CNC) señalan que la reforma modifica de manera sustancial la transmisión y renovación de las concesiones agrícolas, pues rompe la práctica de heredar o vender la tierra junto con el título de agua, lo que —advierten— reduce el valor de las parcelas y genera incertidumbre sobre el patrimonio de miles de unidades productivas. Estas inquietudes estuvieron detrás de los bloqueos carreteros y protestas recientes en varios estados del país.
Tras esas movilizaciones, diputados incorporaron ajustes para permitir que la autoridad reasigne volúmenes de agua cuando se transmita el dominio de una propiedad asociada a una concesión, en casos de fusiones de empresas o cuando se acrediten derechos sucesorios. Sin embargo, líderes campesinos sostienen que la coexistencia de una prohibición general de “transmitir” derechos y de estas excepciones deja un marco contradictorio y no aclara, en la práctica, cómo se controlarán las transferencias del recurso ni qué margen real tendrán los productores para negociar o heredar sus títulos.
Mientras el Ejecutivo y Conagua defienden la ley como un instrumento para ordenar el sistema de concesiones, garantizar el derecho al agua y acabar con la corrupción en su manejo, las organizaciones rurales mantienen la alerta y advierten que podrían volver a las carreteras si los reglamentos no despejan la incertidumbre sobre la transmisión de derechos. Diversos colectivos preparan además rutas legales para impugnar la norma por considerar que centraliza el control del agua sin ofrecer, por ahora, reglas claras para el campo.
